3 de mayo de 2011
Enviada por Comisión Nacional de Pastoral Mapuche Zona sur
Señor Director:“Bajito cuérdicas firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos” cantaba la Violeta Parra para graficar la actitud de la clase dirigente chilena frente a las justas movilizaciones sociales.
Lo que hizo el gobierno tras lograr que los mapuche bajaran su huelga anterior es una estrategia jurídico-política muy rebuscada: avaló todo el proceso por ley antiterrorista, hasta el final, y a la hora de la sentencia se pidió recalificar los hechos como delitos comunes.
La razón para que el gobierno procediera de esta manera, que la justicia siguió al pie de la letra, es que la eficacia represiva de la ley antiterrorista está en el proceso. A través de ella se puede condenar personas sin probar su culpabilidad (esto en el entendido de que se trata de delitos tan graves que es preferible violentar el debido proceso para resguardar la seguridad de la nación). Efectivamente, sólo gracias a los procedimientos de la ley antiterrorista se pudo obtener una sentencia de culpabilidad para los mapuche: el testimonio de un testigo protegido y la delación obtenida bajo tortura, según alega Jonathan Huillical (la ley antiterrorista permite tener a los detenidos varios días sin ser puestos a disposición del tribunal, lo que da espacio para este tipo de prácticas).
El 16 de febrero de 2011, concluido el juicio oral, al pedir la recalificación sólo una semana antes de la sentencia, el abogado querellante del Ministerio del Interior, Guillermo Leyton, planteó que el gobierno “tiene la convicción de que los hechos que se imputan ocurrieron, pero que en ningún caso son de carácter terrorista”. El problema es que a esa convicción los jueces llegaron a través de los procedimientos de la ley antiterrorista. De ahí la razonable petición de los mapuche de anular el juicio y hacer otro por delitos comunes, que era lo que el sentido común aconsejaba para cumplir los compromisos de la huelga de hambre anterior. ¿Es mucho pedir un debido proceso, o es que el gobierno no cree en la eficacia de la justicia penal ordinaria?
La condena por delito común es entonces una fachada. Además en las condenas por ley común se gravó las penas desproporcionadamente, de tal manera que pasarán 20-25 años presos por delitos en que no hubo daño mayor y no hay heridos de gravedad.
Cuando los comuneros llevan 50 días en huelga de hambre, Pilatos sigue lavándose las manos, no sin antes señalar que “no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte”, y Pilatos hemos sido todos, como sociedad, Iglesia y gobierno, permitiendo tratar la justa reivindicación territorial mapuche como terrorista. ¿Es mucho pedir un juicio justo? Hoy la Corte Suprema debe anular este juicio y no lavarse las manos.
Comisión Nacional de Pastoral Mapuche Zona sur
Pastoral Mapuche del Verbo Divino, Quepe:
P. Fernando Díaz SVD.
P. Rafael Hoffmann SVD.
P. Matthias Platzer SVD.
Misión Mapuche de la Compañía de Jesús, Tirua:
P. Pablo Castro SJ.
P. Carlos Bresciani SJ.
Pablo González SJ.
P. Hernán Llancaleo. Cañete.
P. Oscar Gutierrez. Ralco.
P. Rodrigo Aguayo SJ. Santiago.
Luis García-Huidobro SJ. Santiago.
No hay comentarios:
Publicar un comentario